130 Defensores (as) de DDHH fueron judicializados en 2010 en Colombia Imprimir

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Con ocasión del día internacional de los derechos humanos el 9 de diciembre de 2010, la Campa?a nacional e internacional ?Por el derecho a defender los derechos humanos en Colombia? puso en conocimiento de la opinión pública los informes de agresión contra defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia en el tema de judicialización sin fundamento contra su labor.
Bogotá D.C. 9 de Diciembre de 2010- Comunicaciones Campa?a

Mediante una de las más recientes investigaciones realizadas por esta campa?a, que reúne a más de 280 organizaciones sociales y de derechos humanos en Colombia y en 24 países del mundo, fue expuesto como en nuestro país, la judicialización de los defensores(as) de derechos humanos es una práctica en crecimiento, para entorpecer su labor.

Según el informe titulado Criminalización y judicialización de la protesta social y de la defensa de los derechos humanos en Colombia, ?entre el 10 de diciembre de 2009 y el 10 de diciembre de 2010 por lo menos 130  defensores de derechos humanos fueron víctimas en todo el territorio colombiano de detenciones, procesos y/o investigaciones judiciales?.

Criminalización y judicialización de la protesta social y de la defensa de los derechos humanos en Colombia

Presentación

La Campaña por el Derecho a Defender los Derechos Humanos entre sus cinco ejes de trabajo ha priorizado la necesidad de poner fin a las judicializaciones sin fundamento contra defensores y defensoras de derechos humanos.

En Colombia el derecho penal se ha constituido en el instrumento de regulación social más usado convirtiendo un mayor número de conductas humanas en delitos y endureciendo, hasta casi la cadena perpetua, las penas privativas de la libertad. En el contexto de guerra irregular entre el Estado colombiano y las organizaciones insurgentes, el derecho penal se convirtió, por vía de normas de excepción que luego se tornaron en permanentes, en un instrumento idóneo para constreñir a quienes son considerados en la confrontación bélica como “enemigos”. Esta concepción fue extendida a una amplia gama de sectores sociales, poblacionales y políticos, asimilando el ejercicio de su acción social y organizativa con las de agrupaciones subversivas; previamente, deslegitimando y desacreditando su quehacer a través de la estigmatización y los señalamientos sistemáticos por parte de altos funcionarios gubernamentales y militares.

Bajo la política de la Seguridad Democrática desde agosto de 2002 la criminalización y persecución judicial de la protesta social y de la defensa de los derechos humanos se incrementó de forma considerable, hasta tal punto que entre el 10 de diciembre de 2009 y el 10 de diciembre de 2010 por lo menos 1303 defensores de derechos humanos fueron víctimas en todo el territorio colombiano de detenciones, procesos y/o investigaciones judiciales. En noviembre de 2010 fueron detenidos 3 defensores de derechos humanos, siendo estos Carolina Rubio Esguerra, directora del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos Seccional Santander, Harry Castillo Perlaza, director del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos en El Charco (Nariño) y Wilson José Escamilla Sogamoso, presidente de derechos humanos de la vereda La Catalina, municipio La Macarena (Meta).

Los señalamientos y pronunciamientos públicos por parte de funcionarios públicos y en el anterior gobierno por parte del propio presidente que consideraba a los defensores de derechos humanos, líderes sociales y opositores políticos como “terroristas vestidos de civil o “traficantes de los derechos humanos” han constituido un primer paso en la criminalización de la defensa de los derechos humanos. Sobre este particular, no se avecinan cambios sustanciales con el actual gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, pues en el discurso de posesión, sólo se refirió a las organizaciones legales, entendemos por ellas a las formas organizativas de la sociedad civil, cuando fijó su posición frente al terrorismo y al narcotráfico. A pesar de que el primer mandatario durante su gobierno no ha señalado de forma directa a las organizacines de derechos humanos, integrantes de la organizaciones de la sociedad civil en las que se agrupan exmilitares y políticos han incrementado sin ninguna reacción por parte del gobierno sus señalamientos y hostigamiento contra defensores de derechos humanos. Algunas personas autodenominándose “movimientos nacionalistas y reserva activa de Colombia”, entre ellas el ex senador Enrique Gómez Hurtado, Jaime Restrepo director jurídico de Unoamérica, y el presidente de la Fundación Colombia Herida, Rodrigo Obregón, realizaron el 1º de septiembre de 2010 una concentración en la ciudad de Bogotá frente al Edificio Avianca donde funciona la sede del CCAJAR, para denigrar de la labor ejercida por esta organización en representación de las víctimas de violaciones a derechos humanos en procesos penales en los que se encuentran comprometidos miembros de la Fuerza Pública.

El presente boletín de la Campaña quiere llamar la atención sobre unos casos emblemáticos de persecución judicial contra defensores y defensoras, para ello explica cómo funcionan los mecanismos de judicialización que se aplican en Colombia.

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