A propósito del proyecto de ley de víctimas PDF Imprimir E-mail

Jueves 14 de octubre de 2010, por Centro Internacional para la Justicia Transicional

El recientemente presentado proyecto de ley de víctimas se suma a múltiples medidas adoptadas por el Estado colombiano para asistir y reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, entre ellas, las leyes 387 de 1997, 418 de 1997, 589 de 2000, 707 de 2001, 975 de 2005, el decreto 1290 de 2008, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de desplazamiento y derechos de las víctimas y múltiples documentos de política pública (expedidos por el CONPES).

Víctimas del conflicto | Colombia |

En vista de la trascendental importancia de la situación de las víctimas en medio del conflicto armado interno que sigue vigente, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) desea aprovechar el debate del proyecto para poner de relieve algunos aspectos esenciales de las obligaciones del Estado colombiano conforme al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Incumbe al Estado colombiano la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y de prevenir las infracciones al derecho humanitario. Cuando tienen lugar violaciones, las víctimas deben recibir asistencia humanitaria destinada a mitigar las consecuencias de los ataques y a proteger la vida, integridad y dignidad de todas las personas. En virtud del principio de responsabilidad estatal, el Estado colombiano tiene la obligación de investigar las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario, sancionar a sus perpetradores y proporcionar recursos efectivos de reparación a las víctimas, sin discriminaciones no razonables entre ellas. Éstas son obligaciones jurídicas internacionales con jerarquía constitucional en el orden interno, cuyo cumplimiento por el Estado es ineludible y debe verse reflejado en los actos de sus ramas ejecutiva, legislativa y judicial.

Reconocer la responsabilidad es esencial

Importantes organismos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han enfatizado en repetidas ocasiones que el Estado colombiano debe prevenir violaciones a los derechos humanos. Por tanto, no solo es responsable por las violaciones cometidas por sus órganos u otras personas cuya conducta le sea atribuible, sino que también es responsable por las violaciones cometidas por particulares cuando el Estado no cumplió con el deber de garantía.

El reconocimiento de la responsabilidad por una violación directa o por el incumplimiento del deber de garantía, según el caso, reviste doble importancia. Por una parte, constituye la fuente jurídica de la obligación de reparar y, por tanto, el no reconocimiento pone en entredicho la obligación misma. Por otra parte, el reconocimiento de la responsabilidad es parte integrante y esencial de la satisfacción, que es un componente de la reparación junto a las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición. El contenido de cada una de estas medidas está determinado por el derecho internacional y la omisión de alguna medida o de su contenido atenta contra la integralidad de la reparación y viola obligaciones del Estado con las víctimas. Cuando el Estado colombiano pone en marcha medidas de atención a las víctimas pero no reconoce su responsabilidad, desconoce la naturaleza de la violación y la esencia del proceso de victimización.

Recientemente una lideresa de una organización colombiana de víctimas expresaba en una entrevista una preocupación común entre las víctimas colombianas: “Recibí los 20 millones de la reparación administrativa porque los necesitaba, pero me habría gustado que, en vez de expresar solidaridad, junto con ellos el Estado hubiese aceptado su responsabilidad y me hubiesen pedido disculpas.” Aunque las víctimas aceptan los beneficios económicos por una multiplicidad de factores, entre otros por necesidad, ninguna cantidad de dinero alcanza por sí misma a “comprar” su restablecimiento como ciudadanos titulares de derechos y a permitir la superación de la situación de conflicto. El reconocimiento de responsabilidad y del carácter injusto de la violación sufrida le otorga a la prestación entregada una virtualidad superadora del pasado al afirmar que lo ocurrido no debió ser así y califica al beneficio como una genuina reparación.

El proyecto de ley en debate implica un costo importante para la sociedad colombiana; del reconocimiento de la responsabilidad del Estado colombiano, sea por haber violado un derecho, sea por no haberlo protegido diligentemente, depende que estas erogaciones tengan sentido.

Asistencia humanitaria: respuesta a la emergencia y prevención de más violaciones

El derecho internacional exige la protección de las víctimas del conflicto armado en Colombia, deber que pesa de manera primaria sobre el Estado colombiano por ser aquel donde se produce la emergencia. Adicionalmente, organizaciones internacionales tienen el derecho a ofrecer sus servicios.

Como consecuencia de las violaciones, muchas víctimas son puestas en una situación de desamparo que amenaza la vigencia de sus derechos. Este problema se observa con claridad en el caso de las personas desplazadas forzosamente, cuyo abandono intempestivo del hogar y de sus actividades económicas pone en peligro la realización de sus derechos fundamentales, entre otros, el derecho a la vida en condiciones de dignidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y de asociación, el derecho a la salud, el derecho a la integridad personal, el derecho a la seguridad personal, el derecho a una alimentación mínima y el derecho a una vivienda digna. La asistencia humanitaria comprende todas las medidas que el Estado debe adoptar para evitar que esta situación de vulnerabilidad resulte en efectivas violaciones a los derechos que agraven aún más la situación de las víctimas. Un ejemplo de estas valiosas medidas se encuentra en el artículo 15 de la ley 387 de 1997 que dispone que el Gobierno Nacional adoptará las medidas de socorrer, asistir y proteger a la población desplazada y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas.

Además de tratarse de medidas que el Estado colombiano debe adoptar en cumplimiento de sus obligaciones jurídicas, su importancia radica en la prevención de futuras violaciones y de consiguientes declaraciones de responsabilidad y obligaciones de reparar —razones todas que justifican que el Estado colombiano siga otorgándole la prioridad necesaria a la asistencia humanitaria. Ésta mitiga y socorre a las víctimas de violaciones, procura reducir el daño causado por el proceso de victimización de manera próxima a los hechos; no es su propósito proporcionar soluciones duraderas. El carácter de la asistencia humanitaria y la mirada temporal enfocada en el presente y futuro inmediato son pautas para distinguirla de las reparaciones y de los servicios sociales, tema que se pondera a continuación.

Diferencias entre asistencia humanitaria, reparaciones y servicios sociales: respuestas distintas a necesidades distintas

La obligación del Estado colombiano de prestar asistencia humanitaria, la obligación de reparar y la prestación de servicios sociales surgen de fuentes distintas y cumplen finalidades diversas. La reparación busca atender las consecuencias de una violación a los derechos humanos o al derecho humanitario para las víctimas, mientras que la asistencia humanitaria tiene por finalidad mitigar la situación de vulnerabilidad de las víctimas y proteger su vida, integridad y dignidad, pero no tiene por fin dejar sin efecto violaciones ya ocurridas. La reparación de daños sufridos por las víctimas no constituye, a su vez, garantía contra futuras violaciones cuando las víctimas se hallan en situación de vulnerabilidad. Por su parte, los servicios sociales son prestaciones en cumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales, particularmente destinados a personas que se hallan en situación de pobreza o desamparo, pero que no encuentran su origen en la violación a los derechos humanos o el derecho humanitario sino en la estructura jurídico-política del Estado Social de Derecho plasmado en la Constitución de 1991.

En consecuencia, la complementariedad entre servicios sociales y reparaciones significa que una ejecución simultánea y coordinada puede aumentar el impacto tanto de la reparación como de los servicios sociales, pero no establece de ninguna manera una relación de identidad o superposición. Cuando se atribuye “efecto reparador” a los servicios sociales y se niegan reparaciones en virtud de la prohibición de la doble reparación, se interpreta la complementariedad entre estas medidas de una manera demasiado amplia e inadecuada. Esta interpretación desconoce la especificidad de la reparación y confunde la condición de víctima como una persona perjudicada por graves atentados contra sus derechos con quien no logra satisfacer necesidades de orden económico sin haber sufrido violación alguna. Además, los servicios sociales no tienen fundamento en la responsabilidad, como lo exige la reparación. La sustitución de la reparación por servicios sociales no solo viola las obligaciones del Estado colombiano sino que también atenta contra la eficiencia de un programa de reparaciones, puesto puede promover la litigiosidad y las condenas contra el Estado. Así las cosas, se corre el riesgo de pagar múltiples veces lo que costaría un programa de reparaciones adecuadamente concebido.

Un proyecto de medidas de atención y reparación para las víctimas debe evitar semejantes mixturas y confusiones y atenerse de manera estricta a los precedentes de la Corte Constitucional que hacen hincapié en la separación necesaria y delimitación entre la ayuda humanitaria, los servicios sociales y las reparaciones.

Una confusión muy perjudicial para las víctimas

Un claro ejemplo de la regresividad causada por la confusión entre atención humanitaria y reparaciones es la Ayuda Humanitaria por Muerte (AHPM). La AHPM fue instaurada por el artículo 16 de la ley 418 de 1997, donde con base en el principio de solidaridad social se otorga asistencia humanitaria para que las víctimas puedan satisfacer sus derechos constitucionales. El texto de la ley no deja dudas sobre la naturaleza asistencial de estas prestaciones, y personas que la percibieron la destinaron a cuestiones como gastos fúnebres y la cancelación de pasivos contraídos como resultado de la pérdida de ingresos por la violación sufrida. El decreto 1290 de 2008 ha pretendido reclasificar estas prestaciones dinerarias entregadas por Acción Social (anteriormente, la Red de Solidaridad Social), que no encuentran su origen en la responsabilidad ni buscan resarcir un daño sino proteger los derechos de las víctimas, como “indemnización solidaria”. Además de verse privadas del reconocimiento de la responsabilidad, los beneficiarios perciben un solo monto en concepto de reparación, cuya naturaleza real se aproxima más a ayuda humanitaria. Estas personas deberían recibir una prestación destinada a contrarrestar su estado de vulnerabilidad para evitar daños futuros por un lado, y por otro lado ser destinatarios de una batería de medidas dirigida a resarcir sus daños como satisfacción de su derecho a obtener reparaciones.

También el Grupo de Memoria Histórica (GTMH) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, organismo creado por la Ley de Justicia y Paz, ha hecho énfasis en esta cuestión de manera extensa. GTMH ha señalado recientemente que considerar la reubicación y la indemnización en virtud del decreto 1290 como reparación integral evidencia las “... graves falencias que tienen las instituciones gubernamentales para atender de manera efectiva, integral y oportuna a las víctimas de la violencia… [que] presentan aún problemas considerables de salud física y mental, y la mayoría de los heridos tienen secuelas graves y dificultades de acceso integral a los servicios de salud. A ello se suma la situación de dependencia a la que se han visto sumidas la mayoría de las familias, pues los alimentos y subsidios constituyen la principal fuente de sustento de los habitantes de la región con las graves implicaciones que ello representa para la identidad y la autonomía de las comunidades. La situación actual de pobreza, la vulnerabilidad de las víctimas y la continuidad del conflicto armado en la zona del Medio Atrato, ponen en entredicho el carácter integral de la intervención gubernamental y su capacidad efectiva para reparar los daños ocasionados a las víctimas de violaciones a derechos humanos, para restituirles derechos derivados de la violencia política y menos aún de la exclusión, así como para contribuir a la no repetición de lo sucedido. El énfasis en la infraestructura y en el componente indemnizatorio de la reparación dejó de lado otros componentes tales como la rehabilitación y la satisfacción…” [1]

La asistencia humanitaria, la reparación integral y los servicios sociales son tres conceptos jurídicos distintos, como ya se expresara. Sus diferencias no son elucubraciones intelectuales sino que tienen asidero en las diferentes necesidades de las víctimas. Una cosa es coordinar el accionar estatal para aumentar la coherencia y el impacto de estas medidas; otra cosa muy distinta es ignorar esta realidad y pretender que con una medida que reviste una naturaleza particular puedan satisfacerse todos los derechos y las necesidades de las víctimas. La extensión extraordinaria de la doctrina del “efecto reparador” de los servicios sociales que acusa el proyecto de ley inevitablemente resultará en el desamparo de las víctimas.

Prohibición de discriminar

El reconocimiento como víctimas de algunas personas en el proyecto de ley y la expresa exclusión de otras, que deberán recurrir a mecanismos judiciales costosos, de larga duración y con requisitos probatorios más altos, es una distinción inadmisible y contraria a normas que ostentan rango constitucional en el ordenamiento colombiano. Los principios y directrices básicos de las Naciones Unidas sobre el derecho a obtener reparaciones indican que deben aplicarse sin excepción “las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, sin discriminación de ninguna clase ni por ningún motivo.” Las víctimas adquieren el derecho a la reparación por la mera violación sufrida y con independencia de sus condiciones personales y de la calidad del victimario. Cuando se reconoce el carácter de víctima, cualquier criterio que no guarde relación con la violación sufrida constituye una consideración irrelevante, establece un “test” que no responde a condiciones claras y es, por ende, una invitación a la arbitrariedad y a la discriminación.

Miembros de grupos armados al margen de la ley que no participan de las hostilidades adquieren un derecho a la reparación cuando sufren daños por infracciones al derecho humanitario. Además, ¿cómo se determinará que una persona hace parte o no de un grupo armado ilegal, particularmente, en un contexto en el cual la verdad procesal reconstruida en recientes casos penales ilustra que las víctimas de ejecuciones han sido disfrazadas de combatientes para justificar sus muertes y buscar beneficios institucionales?

El desconocimiento de los derechos de las víctimas de violaciones graves (sin importar su condición social), promueve discriminación entre víctimas que provoca consecuencias peligrosas en casos como las ejecuciones extrajudiciales por parte de servidores públicos. Además de ser ilegal, la discriminación entre víctimas según sus antecedentes o según el victimario afecta la legitimidad del Estado colombiano como garante de los derechos humanos.

En esta misma línea debe observarse el polémico principio de la corresponsabilidad, ante el cual la víctima adquiere la paradójica naturaleza de “corresponsable”, lo que constituye un obstáculo para el acceso a un derecho adquirido.

Conclusiones

Con ocasión del importante debate en torno a la ley de víctimas, el Centro Internacional para la Justicia Transicional desea reafirmar estas obligaciones ineludibles:

Que las víctimas no pueden ser reparadas sino con base en la responsabilidad. • Que el Estado está obligado a prestar atención humanitaria para proteger a las víctimas. • Que el proyecto de Ley de víctimas debe respetar la diferente naturaleza de la reparación, los servicios sociales y la asistencia humanitaria en virtud de la obligación activa del Estado de no confundir su propósito; • Que están prohibidas las discriminaciones no razonadas ni razonables entre las víctimas del conflicto armado interno y de la violencia socio política.

La atención a víctimas que no esté acorde con estos parámetros es revictimizante e ineficiente, al traducirse en costos más altos para el Estado y la sociedad. Un marco normativo bien concebido, en cambio, da pie a un proceso político incluyente por parte del Estado, que restaura la dignidad de las víctimas y sus derechos, que éste se ha comprometido a respetar y a hacer respetar, contribuyendo además al restablecimiento de la confianza cívica y al fortalecimiento del estado de derecho.

ueves 14 de octubre de 2010, por Centro Internacional para la Justicia Transicional

El recientemente presentado proyecto de ley de víctimas se suma a múltiples medidas adoptadas por el Estado colombiano para asistir y reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, entre ellas, las leyes 387 de 1997, 418 de 1997, 589 de 2000, 707 de 2001, 975 de 2005, el decreto 1290 de 2008, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de desplazamiento y derechos de las víctimas y múltiples documentos de política pública (expedidos por el CONPES).

Víctimas del conflicto | Colombia |

En vista de la trascendental importancia de la situación de las víctimas en medio del conflicto armado interno que sigue vigente, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) desea aprovechar el debate del proyecto para poner de relieve algunos aspectos esenciales de las obligaciones del Estado colombiano conforme al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Incumbe al Estado colombiano la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y de prevenir las infracciones al derecho humanitario. Cuando tienen lugar violaciones, las víctimas deben recibir asistencia humanitaria destinada a mitigar las consecuencias de los ataques y a proteger la vida, integridad y dignidad de todas las personas. En virtud del principio de responsabilidad estatal, el Estado colombiano tiene la obligación de investigar las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario, sancionar a sus perpetradores y proporcionar recursos efectivos de reparación a las víctimas, sin discriminaciones no razonables entre ellas. Éstas son obligaciones jurídicas internacionales con jerarquía constitucional en el orden interno, cuyo cumplimiento por el Estado es ineludible y debe verse reflejado en los actos de sus ramas ejecutiva, legislativa y judicial.

Reconocer la responsabilidad es esencial

Importantes organismos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han enfatizado en repetidas ocasiones que el Estado colombiano debe prevenir violaciones a los derechos humanos. Por tanto, no solo es responsable por las violaciones cometidas por sus órganos u otras personas cuya conducta le sea atribuible, sino que también es responsable por las violaciones cometidas por particulares cuando el Estado no cumplió con el deber de garantía.

El reconocimiento de la responsabilidad por una violación directa o por el incumplimiento del deber de garantía, según el caso, reviste doble importancia. Por una parte, constituye la fuente jurídica de la obligación de reparar y, por tanto, el no reconocimiento pone en entredicho la obligación misma. Por otra parte, el reconocimiento de la responsabilidad es parte integrante y esencial de la satisfacción, que es un componente de la reparación junto a las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición. El contenido de cada una de estas medidas está determinado por el derecho internacional y la omisión de alguna medida o de su contenido atenta contra la integralidad de la reparación y viola obligaciones del Estado con las víctimas. Cuando el Estado colombiano pone en marcha medidas de atención a las víctimas pero no reconoce su responsabilidad, desconoce la naturaleza de la violación y la esencia del proceso de victimización.

Recientemente una lideresa de una organización colombiana de víctimas expresaba en una entrevista una preocupación común entre las víctimas colombianas: “Recibí los 20 millones de la reparación administrativa porque los necesitaba, pero me habría gustado que, en vez de expresar solidaridad, junto con ellos el Estado hubiese aceptado su responsabilidad y me hubiesen pedido disculpas.” Aunque las víctimas aceptan los beneficios económicos por una multiplicidad de factores, entre otros por necesidad, ninguna cantidad de dinero alcanza por sí misma a “comprar” su restablecimiento como ciudadanos titulares de derechos y a permitir la superación de la situación de conflicto. El reconocimiento de responsabilidad y del carácter injusto de la violación sufrida le otorga a la prestación entregada una virtualidad superadora del pasado al afirmar que lo ocurrido no debió ser así y califica al beneficio como una genuina reparación.

El proyecto de ley en debate implica un costo importante para la sociedad colombiana; del reconocimiento de la responsabilidad del Estado colombiano, sea por haber violado un derecho, sea por no haberlo protegido diligentemente, depende que estas erogaciones tengan sentido.

Asistencia humanitaria: respuesta a la emergencia y prevención de más violaciones

El derecho internacional exige la protección de las víctimas del conflicto armado en Colombia, deber que pesa de manera primaria sobre el Estado colombiano por ser aquel donde se produce la emergencia. Adicionalmente, organizaciones internacionales tienen el derecho a ofrecer sus servicios.

Como consecuencia de las violaciones, muchas víctimas son puestas en una situación de desamparo que amenaza la vigencia de sus derechos. Este problema se observa con claridad en el caso de las personas desplazadas forzosamente, cuyo abandono intempestivo del hogar y de sus actividades económicas pone en peligro la realización de sus derechos fundamentales, entre otros, el derecho a la vida en condiciones de dignidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y de asociación, el derecho a la salud, el derecho a la integridad personal, el derecho a la seguridad personal, el derecho a una alimentación mínima y el derecho a una vivienda digna. La asistencia humanitaria comprende todas las medidas que el Estado debe adoptar para evitar que esta situación de vulnerabilidad resulte en efectivas violaciones a los derechos que agraven aún más la situación de las víctimas. Un ejemplo de estas valiosas medidas se encuentra en el artículo 15 de la ley 387 de 1997 que dispone que el Gobierno Nacional adoptará las medidas de socorrer, asistir y proteger a la población desplazada y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas.

Además de tratarse de medidas que el Estado colombiano debe adoptar en cumplimiento de sus obligaciones jurídicas, su importancia radica en la prevención de futuras violaciones y de consiguientes declaraciones de responsabilidad y obligaciones de reparar —razones todas que justifican que el Estado colombiano siga otorgándole la prioridad necesaria a la asistencia humanitaria. Ésta mitiga y socorre a las víctimas de violaciones, procura reducir el daño causado por el proceso de victimización de manera próxima a los hechos; no es su propósito proporcionar soluciones duraderas. El carácter de la asistencia humanitaria y la mirada temporal enfocada en el presente y futuro inmediato son pautas para distinguirla de las reparaciones y de los servicios sociales, tema que se pondera a continuación.

Diferencias entre asistencia humanitaria, reparaciones y servicios sociales: respuestas distintas a necesidades distintas

La obligación del Estado colombiano de prestar asistencia humanitaria, la obligación de reparar y la prestación de servicios sociales surgen de fuentes distintas y cumplen finalidades diversas. La reparación busca atender las consecuencias de una violación a los derechos humanos o al derecho humanitario para las víctimas, mientras que la asistencia humanitaria tiene por finalidad mitigar la situación de vulnerabilidad de las víctimas y proteger su vida, integridad y dignidad, pero no tiene por fin dejar sin efecto violaciones ya ocurridas. La reparación de daños sufridos por las víctimas no constituye, a su vez, garantía contra futuras violaciones cuando las víctimas se hallan en situación de vulnerabilidad. Por su parte, los servicios sociales son prestaciones en cumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales, particularmente destinados a personas que se hallan en situación de pobreza o desamparo, pero que no encuentran su origen en la violación a los derechos humanos o el derecho humanitario sino en la estructura jurídico-política del Estado Social de Derecho plasmado en la Constitución de 1991.

En consecuencia, la complementariedad entre servicios sociales y reparaciones significa que una ejecución simultánea y coordinada puede aumentar el impacto tanto de la reparación como de los servicios sociales, pero no establece de ninguna manera una relación de identidad o superposición. Cuando se atribuye “efecto reparador” a los servicios sociales y se niegan reparaciones en virtud de la prohibición de la doble reparación, se interpreta la complementariedad entre estas medidas de una manera demasiado amplia e inadecuada. Esta interpretación desconoce la especificidad de la reparación y confunde la condición de víctima como una persona perjudicada por graves atentados contra sus derechos con quien no logra satisfacer necesidades de orden económico sin haber sufrido violación alguna. Además, los servicios sociales no tienen fundamento en la responsabilidad, como lo exige la reparación. La sustitución de la reparación por servicios sociales no solo viola las obligaciones del Estado colombiano sino que también atenta contra la eficiencia de un programa de reparaciones, puesto puede promover la litigiosidad y las condenas contra el Estado. Así las cosas, se corre el riesgo de pagar múltiples veces lo que costaría un programa de reparaciones adecuadamente concebido.

Un proyecto de medidas de atención y reparación para las víctimas debe evitar semejantes mixturas y confusiones y atenerse de manera estricta a los precedentes de la Corte Constitucional que hacen hincapié en la separación necesaria y delimitación entre la ayuda humanitaria, los servicios sociales y las reparaciones.

Una confusión muy perjudicial para las víctimas

Un claro ejemplo de la regresividad causada por la confusión entre atención humanitaria y reparaciones es la Ayuda Humanitaria por Muerte (AHPM). La AHPM fue instaurada por el artículo 16 de la ley 418 de 1997, donde con base en el principio de solidaridad social se otorga asistencia humanitaria para que las víctimas puedan satisfacer sus derechos constitucionales. El texto de la ley no deja dudas sobre la naturaleza asistencial de estas prestaciones, y personas que la percibieron la destinaron a cuestiones como gastos fúnebres y la cancelación de pasivos contraídos como resultado de la pérdida de ingresos por la violación sufrida. El decreto 1290 de 2008 ha pretendido reclasificar estas prestaciones dinerarias entregadas por Acción Social (anteriormente, la Red de Solidaridad Social), que no encuentran su origen en la responsabilidad ni buscan resarcir un daño sino proteger los derechos de las víctimas, como “indemnización solidaria”. Además de verse privadas del reconocimiento de la responsabilidad, los beneficiarios perciben un solo monto en concepto de reparación, cuya naturaleza real se aproxima más a ayuda humanitaria. Estas personas deberían recibir una prestación destinada a contrarrestar su estado de vulnerabilidad para evitar daños futuros por un lado, y por otro lado ser destinatarios de una batería de medidas dirigida a resarcir sus daños como satisfacción de su derecho a obtener reparaciones.

También el Grupo de Memoria Histórica (GTMH) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, organismo creado por la Ley de Justicia y Paz, ha hecho énfasis en esta cuestión de manera extensa. GTMH ha señalado recientemente que considerar la reubicación y la indemnización en virtud del decreto 1290 como reparación integral evidencia las “... graves falencias que tienen las instituciones gubernamentales para atender de manera efectiva, integral y oportuna a las víctimas de la violencia… [que] presentan aún problemas considerables de salud física y mental, y la mayoría de los heridos tienen secuelas graves y dificultades de acceso integral a los servicios de salud. A ello se suma la situación de dependencia a la que se han visto sumidas la mayoría de las familias, pues los alimentos y subsidios constituyen la principal fuente de sustento de los habitantes de la región con las graves implicaciones que ello representa para la identidad y la autonomía de las comunidades. La situación actual de pobreza, la vulnerabilidad de las víctimas y la continuidad del conflicto armado en la zona del Medio Atrato, ponen en entredicho el carácter integral de la intervención gubernamental y su capacidad efectiva para reparar los daños ocasionados a las víctimas de violaciones a derechos humanos, para restituirles derechos derivados de la violencia política y menos aún de la exclusión, así como para contribuir a la no repetición de lo sucedido. El énfasis en la infraestructura y en el componente indemnizatorio de la reparación dejó de lado otros componentes tales como la rehabilitación y la satisfacción…”  [1]

La asistencia humanitaria, la reparación integral y los servicios sociales son tres conceptos jurídicos distintos, como ya se expresara. Sus diferencias no son elucubraciones intelectuales sino que tienen asidero en las diferentes necesidades de las víctimas. Una cosa es coordinar el accionar estatal para aumentar la coherencia y el impacto de estas medidas; otra cosa muy distinta es ignorar esta realidad y pretender que con una medida que reviste una naturaleza particular puedan satisfacerse todos los derechos y las necesidades de las víctimas. La extensión extraordinaria de la doctrina del “efecto reparador” de los servicios sociales que acusa el proyecto de ley inevitablemente resultará en el desamparo de las víctimas.

Prohibición de discriminar

El reconocimiento como víctimas de algunas personas en el proyecto de ley y la expresa exclusión de otras, que deberán recurrir a mecanismos judiciales costosos, de larga duración y con requisitos probatorios más altos, es una distinción inadmisible y contraria a normas que ostentan rango constitucional en el ordenamiento colombiano. Los principios y directrices básicos de las Naciones Unidas sobre el derecho a obtener reparaciones indican que deben aplicarse sin excepción “las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, sin discriminación de ninguna clase ni por ningún motivo.” Las víctimas adquieren el derecho a la reparación por la mera violación sufrida y con independencia de sus condiciones personales y de la calidad del victimario. Cuando se reconoce el carácter de víctima, cualquier criterio que no guarde relación con la violación sufrida constituye una consideración irrelevante, establece un “test” que no responde a condiciones claras y es, por ende, una invitación a la arbitrariedad y a la discriminación.

Miembros de grupos armados al margen de la ley que no participan de las hostilidades adquieren un derecho a la reparación cuando sufren daños por infracciones al derecho humanitario. Además, ¿cómo se determinará que una persona hace parte o no de un grupo armado ilegal, particularmente, en un contexto en el cual la verdad procesal reconstruida en recientes casos penales ilustra que las víctimas de ejecuciones han sido disfrazadas de combatientes para justificar sus muertes y buscar beneficios institucionales?

El desconocimiento de los derechos de las víctimas de violaciones graves (sin importar su condición social), promueve discriminación entre víctimas que provoca consecuencias peligrosas en casos como las ejecuciones extrajudiciales por parte de servidores públicos. Además de ser ilegal, la discriminación entre víctimas según sus antecedentes o según el victimario afecta la legitimidad del Estado colombiano como garante de los derechos humanos.

En esta misma línea debe observarse el polémico principio de la corresponsabilidad, ante el cual la víctima adquiere la paradójica naturaleza de “corresponsable”, lo que constituye un obstáculo para el acceso a un derecho adquirido.

Conclusiones

Con ocasión del importante debate en torno a la ley de víctimas, el Centro Internacional para la Justicia Transicional desea reafirmar estas obligaciones ineludibles:

Que las víctimas no pueden ser reparadas sino con base en la responsabilidad. • Que el Estado está obligado a prestar atención humanitaria para proteger a las víctimas. • Que el proyecto de Ley de víctimas debe respetar la diferente naturaleza de la reparación, los servicios sociales y la asistencia humanitaria en virtud de la obligación activa del Estado de no confundir su propósito; • Que están prohibidas las discriminaciones no razonadas ni razonables entre las víctimas del conflicto armado interno y de la violencia socio política.

La atención a víctimas que no esté acorde con estos parámetros es revictimizante e ineficiente, al traducirse en costos más altos para el Estado y la sociedad. Un marco normativo bien concebido, en cambio, da pie a un proceso político incluyente por parte del Estado, que restaura la dignidad de las víctimas y sus derechos, que éste se ha comprometido a respetar y a hacer respetar, contribuyendo además al restablecimiento de la confianza cívica y al fortalecimiento del estado de derecho.

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